REFORMA DE LA LEY 30
La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.
La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.
El problema es de recursos
Es de hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30.
Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados no fue incluida.
“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.
En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula.
Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados no fue incluida.
“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.
En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula.
Dinero privado en la universidad pública
En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que “los recursos públicos son limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en la universidad pública para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”, según lo contempla la norma.
Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las región es del país”, dice.
Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las región es del país”, dice.
Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada “para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo plantea el proyecto.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o tableros”, sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa “ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación”, explica Campo.
Universidades con ánimo de lucro
Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior.
De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.
